Juan Carlos Cárdenas, Director Ejecutivo de Centro Ecoceanos.

“SALMONEROS Y MINERAS DE CARBÓN AL ASALTO DE LA PATAGONIA”

17-08-2010 - 07:51
Vivir a más de 3 mil km. de Santiago no asegura estar libre del centralismo que destruye nuestro medio ambiente. Así lo comprueban ciudadanos, pescadores, ganaderos y empresarios turísticos de Magallanes frente a la cruzada del Subsecretario de Pesca y la Intendenta regional para acelerar la masiva entrega de concesiones salmoneras en las prístinas costas patagónicas.
La salmonicultura ha sido marginal en Magallanes y hoy solo hay no más de 20 concesiones operativas. Por ello sorprende que algunas de estas miles de concesiones solicitadas se ubiquen a casi 40 horas de navegación del centro poblado más próximo, lo que genera dudas sobre su verdadera rentabilidad y deja en evidencia el espíritu especulativo de esta operación.
Esto ocurre mientras se encuentra en calificación el contaminante proyecto minero de extracción a tajo abierto de carbón en Isla Riesco, que abastecerá centrales termoeléctricas que proveerán de energía a las mineras del norte del país.
Este asalto al patrimonio ambiental de Magallanes sucede en momentos en que las malas prácticas de manejo de la industria salmonera provocan la mayor crisis sanitaria, social y económica de la historia de la Región de Los Lagos. A los 20 mil cesantes en Puerto Montt y Chiloé, se une contaminación química y orgánica, y una irreversible pérdida del patrimonio sanitario acuático por la introducción de enfermedades bacterianas y virales, a lo que se suman los desvíos de un millonario financiamiento estatal y subsidios fiscales para rescatar a esta irresponsable industria. Estas son las credenciales sociales y ambientales con las que se presentan las compañías salmoneras en Magallanes.
¿Un nuevo far west salmonero austral?
Ahora se intenta vestir comunicacionalmente esta operación público-privada con ropajes de una supuesta neutralidad tecnocrática y de consulta formal a los sectores afectados, impulsada por una aparente sensibilidad social del empresariado para generar miles de empleos regionales. En este contexto, la Intendenta Liliana Kusanovic acaba de anunciar la aprobación de 600 concesiones. Ellas serian repartidas entre 6 a 10 grandes empresas, y se crearían 3 mil empleos.
Sin embargo, la autoridad representante del poder central en Magallanes no señala que estos trabajadores serán mayoritariamente de origen externo, así como la precariedad, baja calificación e inestabilidad de dichos empleos que estarán sujetos a factores de crisis sanitarias (virus ISA o pancreatitis del salmón) y potenciales medidas proteccionistas en el mercado internacional. Por ello nos cabe preguntar ¿Posee Magallanes la infraestructura sanitaria, educacional, de transporte y habitacional para recibir adecuadamente a 3 mil nuevos trabajadores y sus familias? ¿Existen los recursos financieros y humanos para que el Estado cumpla su rol fiscalizador en lo ambiental, sanitario y laboral en las remotas áreas patagónicas?
Esta suicida estrategia de desarrollo basada en el monocultivo salmonero industrial se contradice con el esfuerzo realizado durante décadas por el sector turismo para posicionar a Magallanes como destino de excepción en los mercados internacionales, basado en su identidad única y prístina y con poca o ninguna intervención industrial.
Por ello no es posible plantear con seriedad que las actividades de investigación científica y el turismo de naturaleza y de intereses especiales, en los cuales Magallanes tiene amplias ventajas, pueda desarrollarse y prosperar en los mismos espacios en los que funcionará una de las actividades industriales más contaminantes y destructivas del borde costero y de las bellezas paisajísticas.
A su vez la pesca artesanal regional será directamente afectada por la ocupación de sus puertos, sitios de abrigo, rutas y caladeros, por la instalación de la infraestructura salmonera, y que además impactará las áreas donde las comunidades desarrollan una emergente actividad turística.
Las negociaciones entre el gobierno regional y los distintos sectores productivos para avanzar en una anunciada desafectación de al menos un 50% de las Áreas Aptas para la Acuicultura, opera paralelamente a la zonificación del borde costero regional, el cual además de no tener plazo de termino, establece usos preferentes pero no exclusivos del borde costero.
Esto genera el contrasentido que aunque se logren definir nuevas Áreas Marinas Protegidas, ello no podrá impedir que se sigan estableciendo salmoneras en dichas áreas.
No es posible que la falta de visión de largo plazo de las autoridades regionales, así como la carencia de un plan de ordenamiento territorial, aprovechada por las presiones y el lobby del empresariado salmonero y minero, estén amenazando los intereses estratégicos y el futuro de la Patagonia.
Hoy, tanto la Subsecretaría de Pesca, como la Intendencia regional y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas (ex Subsecretaría de Marina) se encuentran bajo escrutinio ciudadano. Sobre sus hombros pesa la responsabilidad de impedir que mañana se repita en Magallanes la actual crisis social y ambiental que devasta a la Región de Los Lagos.